"Se trata de la expedición del Decreto 1135 que obliga a que a partir del 2012, el 60% de los autos nuevos de hasta 2.000 centímetros cúbicos funcionen con el 85% de mezcla de alcohol carburante."
Portafolio. Medida sobre etanol genera polémica entre el Gobierno y analistas, que consideran que no debe ser obligatoria. Abril de 2009
Imagen de Andrés Garzón: http://www.flickr.com/photos/garzonandres/2460164410/
La política de Estado es clara: sustituir los combustibles fósiles, y de paso, volver relevante 'el campo' con las siembra de cultivos altamente productivos de caña de azucar. Es claro (al menos en mi opinión) que es un buen paso para asegurar -en parte- la independencia energética (evitar la volatilidad de los mercados internacional de hidrocarburos), ayudar con el medio ambiente y darle un impulso al campo que desde hace varias décadas dejó de ser atractivo. Es claro que los importadores de automóviles deben pelear y buscar formas de asegurar su futuro, dado que los automóviles nuevos deben estar adaptados a la nueva mezcla, y no todos los países tienen el sistema del alcohol carburante, y probablemente las marcas de mayor prestigio no diseñen una versión 'Colombia' de sus carros en el corto plazo. Pero más que ellos, el dedo se ha puesto sobre la llaga de la distribución de los beneficios del negocio: ¿a quién se está beneficiando directamente?
Las criticas se centran en dos puntos: el biodisel es de los palmicultores, y el alcohol carburante de los azucareros, gremios (hasta donde sé) muy concentrados. Entorno a ellos han surgido muchas suspicacias sobre tráfico de influencias en el gobierno y similares (por ejemplo, Vladdo solía referirse en sus caricaturas al ministro de Palmicultura), pero eso es otra historia. La otra historia es el campo. Colombia ha sufrido en la última década un proceso de 'contrareforma agraria' gracias a la violencia y el desplazamiento forzoso. Dicha situación es un terreno propicio para que sea mucho más fácil la creación de grandes haciendas dedicadas a los cultivos de palma y caña en todo el país, a pesar de los esfuerzos del gobierno por propiciar cooperativas en torno a estos cultivos. Los problemas sociales que se pueden intesificar pueden ser graves, sólo recordemos el caso de los cortadores de caña el año pasado, donde el mismo presidente intervino y presionó en más de una ocasión al gremio (alineándose en gran parte con los sindicatos).
Otro punto muy relevante es la sustitución de tierras de cultivo de alimentos por cultivos para biocombustibles. Alcanzamos a ver algo con respecto a la sola sustitución del comprador de la caña de azucar: los precios del azucar para alimentos se dispararon. ¿Qué ocurriá después? En esto hay que tener en cuenta las condiciones climáticas-geográficas para la siembra de la caña de azucar y la palma, los productos que allí se siembran en la actualidad y similares. Otro asunto es la reducción de zonas vírgenes y el aumento de la frontera agrícola.
¿Qué efectos colaterales puede tener la decisión del gobierno?, ¿cómo debería el gobierno dirigir, intervenir y/o regular las nuevas plantaciones y el creciente mercado nacional de los biocombustibles? El ejemplo de Brasil debe ser en gran parte nuestra guía, aquí va una presentación sobre el tema en dicho país: